Durante demasiado tiempo, las administraciones de lotería hemos sostenido una parte esencial del sistema público de juego en España bajo unas reglas económicas que ya no responden a la realidad. Hemos seguido abriendo la persiana, atendiendo al público, asumiendo costes crecientes y defendiendo una red profesional, cercana y capilar. Pero hay un punto en el que la responsabilidad exige decir basta.
La Junta Directiva de ANAPAL ha tomado una decisión coherente con la situación que vive el colectivo: dar por agotada la vía tradicional de interlocución económica con SELAE. No se trata de romper por romper, ni de abandonar nuestras obligaciones operativas. Se trata de no seguir participando en espacios que, si no tienen como objetivo revisar de verdad el modelo económico, terminan sirviendo únicamente para aparentar normalidad. Y la normalidad, hoy, no existe.
La receta que se nos ofrece desde hace años es siempre la misma, vender más. Pero cualquier administrador de loterías sabe que ese argumento ya no se sostiene. Vender más no garantiza ganar más cuando los márgenes permanecen prácticamente inalterados y los costes se disparan. Personal, autónomos, suministros, tecnología, mantenimiento, fiscalidad, obligaciones regulatorias y costes generales de explotación han crecido de forma constante. El resultado es que trabajamos más y vemos cómo la rentabilidad se estrecha año tras año.
Esto es una cuestión estructural. El modelo económico de las administraciones lleva más de dos décadas sin una revisión de fondo, mientras la realidad empresarial, laboral y social del país ha cambiado profundamente.
Las administraciones de lotería no somos un elemento accesorio del sistema. Somos su red integral, su principal motor comercial y su rostro ante la ciudadanía. En España existen miles de puntos de venta de SELAE, pero son las administraciones las que sostienen la mayor parte del volumen de ventas. Sobre nuestra actividad diaria descansan la comercialización profesional de los productos del Estado, la confianza del cliente, una parte relevante del empleo directo del sector y una presencia territorial que llega allí donde otros servicios han desaparecido.
Por eso, cuando una administración baja la persiana, no cierra solo un negocio. Se debilita una pieza del modelo público de juego. Se pierde empleo, cercanía, servicio y presencia institucional en muchos municipios. Se erosiona, en definitiva, una red que ha demostrado durante décadas ser eficaz, fiable y socialmente reconocible.
La defensa de las administraciones no es, por tanto, una reivindicación corporativa limitada a un sector. Es una cuestión de sostenibilidad del propio sistema. Si se mantiene la actual asfixia económica, el riesgo no será solo para miles de familias que viven de sus administraciones, también para el equilibrio de un modelo público que depende de una red física fuerte, profesional y comprometida.
Ruptura con SELAE
ANAPAL ha dado un paso formal en esa dirección. La carta registrada el pasado 7 de abril por su presidente, Borja Muñiz, dirigida al presidente de SELAE y a la directora de Red de Ventas, marca un cambio de etapa. Se suspende la participación en grupos de trabajo voluntarios y la relación queda limitada a la gestión técnica y operativa necesaria para no perjudicar el funcionamiento diario de la red.
Este paso es el inicio de una nueva fase. Bajo el lema “Sin Loteros no hay Lotería”, ANAPAL va a trasladar esta reivindicación fuera de los despachos de SELAE. La situación debe ser conocida por las instituciones, los grupos parlamentarios, las organizaciones empresariales, los representantes de los autónomos y la opinión pública.
La vía parlamentaria ya se ha abierto con iniciativas que llevan la realidad del sector al Congreso. También se han iniciado contactos institucionales y empresariales para explicar con datos la situación de las administraciones y buscar apoyos transversales. Este problema no entiende de siglas. Afecta a miles de puntos de venta repartidos por todo el territorio nacional y requiere una respuesta seria, estable y estructural.
Lo que pedimos es razonable: revisar el sistema de comisiones, analizar el impacto real de los costes, establecer mecanismos periódicos de actualización y garantizar un marco económico que permita a las administraciones seguir siendo viables. No pedimos privilegios. Pedimos que el modelo reconozca el valor real de quienes lo sostienen cada día. Porque, aunque algunos parezcan haberlo olvidado, sin loteros no hay Lotería.
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