Mango y Puig han abierto la vía judicial para reclamar al Gobierno de Estados Unidos la devolución de los aranceles cobrados durante un año, después de que la Corte Suprema declarase ilegales las tasas impuestas por la administración de Donald Trump.
Las dos compañías catalanas han presentado sendas demandas ante la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos. Puig USA registró la suya el 18 de marzo, mientras que Mango MNG y su filial Mango NY hicieron lo propio el 24 de marzo. Ambas han contratado al bufete estadounidense DLA Piper, que ha elaborado dos escritos prácticamente idénticos y ha situado a los mismos abogados al frente del caso.
Las demandas se dirigen contra la administración estadounidense, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Comercio, Aduanas y Protección Fronteriza y la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos. También señalan a sus principales responsables, entre ellos Kristi Noem, Scott Bessent, Howard Lutnick, Rodney S. Scott y Jamieson Greer.
Mango y Puig sostienen que la Corte Suprema decretó en febrero que Donald Trump se excedió en su autoridad al aprobar los aranceles. El fallo tumbó la mayoría de las tasas, entre ellas el impuesto contra China vinculado a la crisis del fentanilo, los gravámenes aplicados a 57 países para reducir el déficit comercial estadounidense y el impuesto específico a India por la compra de gas ruso.
Las compañías reclaman “la devolución de todos los aranceles cobrados con intereses” o “una indemnización equivalente al valor de dichos aranceles más los intereses anteriores y posteriores a la sentencia”. En los escritos, las empresas señalan que la política arancelaria ha provocado costes adicionales e inesperados para su negocio.
La administración estadounidense afronta una devolución global de 166.000 millones de dólares, unos 142.420 millones de euros al cambio actual, más los intereses correspondientes. Según la Cámara de Comercio de España, las empresas españolas podrían percibir hasta 3.000 millones de euros en compensaciones.
Mango ha indicado que ha actuado “de acuerdo con los mecanismos legales establecidos para defender sus intereses y reclamar los importes correspondientes”. La compañía no ha concretado la cifra abonada, aunque la demanda recoge que ha pagado una suma significativa en aranceles.
En el caso de Mango, las tasas que más le afectaron fueron las aplicadas a países donde fabrica parte de sus prendas, como China, Vietnam e India. Puig, por su parte, apunta a los impuestos sobre importaciones procedentes de la Unión Europea, Corea del Sur, Tailandia, India y China.
Impacto económico
La reclamación llega mientras Mango refuerza su presencia en Estados Unidos, mercado que la compañía quiere convertir en el principal para 2026. En los últimos tres años ha abierto casi 60 tiendas en grandes ciudades del país y en 2025 obtuvo más de 260 millones de euros de ingresos en ese mercado.
Daniel López, director de expansión y franquicias de Mango, afirmó en la última presentación de resultados que la compañía mira a Estados Unidos “con luces largas” y que mantiene “necesidad y voluntad de permanencia en el país”. También señaló que la empresa cuenta con cadenas de suministro “resilientes, flexibles y muy diversificadas”.
Puig también ha acusado el impacto del tipo de cambio en sus resultados recientes. En el primer trimestre de 2026, la compañía elevó sus ingresos un 0,8%, frente al 4,7% que habría registrado a tipo de cambio constante, debido a la debilidad del dólar.
La relación entre ambas compañías también tiene reflejo en sus órganos de gobierno. Marc Puig, presidente de Puig, forma parte del consejo de Mango.
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