Hacienda retrasa Verifactu hasta octubre de 2028 para pymes y autónomos

Hacienda anuncia el aplazamiento hasta octubre de 2028 de las obligaciones pendientes vinculadas a Verifactu para empresas, pymes y autónomos, con el objetivo de hacer coincidir su implantación con el calendario de la factura electrónica obligatoria.

El cambio supone un nuevo retraso en la aplicación del sistema, que establece los requisitos que deberán cumplir los programas informáticos utilizados por empresarios y profesionales para sus procesos de facturación. La decisión busca unificar los calendarios de Verifactu y de la futura factura electrónica, tanto desde el punto de vista normativo como técnico.

En concreto, octubre de 2028 será la fecha de referencia para los empresarios y profesionales cuya facturación anual no supere los ocho millones de euros. Hasta ahora, la normativa vigente establecía que las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades debían tener sus sistemas adaptados antes del 1 de enero de 2027, mientras que el resto de empresarios y profesionales disponían de plazo hasta el 1 de julio de ese mismo año.

El nuevo calendario todavía requerirá la correspondiente modificación normativa. Hacienda prevé abordar posteriormente otros ajustes para acercar el ámbito de aplicación y los aspectos técnicos de ambos sistemas de facturación.

Se mantienen los requisitos de los programas

El aplazamiento no supondrá, según lo anunciado, una modificación sustancial de las garantías técnicas exigidas a los programas de facturación. Los sistemas deberán seguir asegurando aspectos como la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros.

La medida pretende facilitar a pymes y autónomos la adaptación a las nuevas obligaciones digitales evitando que tengan que afrontar en fechas diferentes la implantación de Verifactu y la factura electrónica obligatoria. La factura electrónica para empresarios y profesionales también ha avanzado en su desarrollo normativo, con la puesta en marcha de los requisitos técnicos que permitirán articular el nuevo sistema. Con la modificación anunciada, Hacienda busca que ambas obligaciones confluyan en octubre de 2028 para buena parte del tejido empresarial.