Glovo, más cerca de sentarse en el banquillo por la Ley Rider

El juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona ha dado por terminada la investigación contra Óscar Pierre, consejero delegado de Glovo, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. 

Según ha informado la agencia EFE, el auto, que aún puede recurrirse, concede diez días a las partes para presentar sus escritos antes de que se decida si el caso llega a juicio. 

La causa se abrió a raíz de una denuncia de la Fiscalía por el empleo de repartidores como autónomos pese a las resoluciones judiciales que reconocían el carácter laboral de su relación con la plataforma. El magistrado recuerda que el Tribunal Supremo se pronunció en ese sentido en septiembre de 2020 y que otros juzgados llegaron después a la misma conclusión en sentencias firmes.

Según el auto, Glovo exigía a los repartidores darse de alta como trabajadores por cuenta propia y asumir sus cotizaciones. El juez sostiene que esa relación, presentada como mercantil, permitía a la empresa reducir costes y privaba a los trabajadores de derechos laborales. También señala que los repartidores prestaban el servicio dentro de la organización de la plataforma, que fijaba el precio de las entregas y gestionaba el trabajo mediante su sistema digital.

El magistrado recoge asimismo los requerimientos enviados a Glovo por las Inspecciones de Trabajo para comprobar si había reconocido la relación laboral y aplicado los derechos correspondientes. A su juicio, las respuestas de la empresa no acreditaron que lo hubiera hecho.

Pierre fue citado a declarar como investigado en diciembre de 2024. El día anterior a su comparecencia, la firma de reparto anunció que cambiaría su modelo para contratar a los repartidores. Entonces defendió que el sistema anterior también era legal y atribuyó la decisión a su voluntad de garantizar la “paz social” en la empresa.