Los comercios aplicaron 2.743 normas en 2021, una media de 7,5 al día
Respecto a 2020, los negocios han aplicado 533 menos normas, una cierta recuperación, aunque lejos de los datos de 2019 (476 en total).
La Asociación Española de Empresas de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, Asedas, ha comunicado la presión normativa registrada por los comercios a lo largo del último año. En concreto, los establecimientos han aplicado 7,5 normas nuevas cada día, hasta un total de 2.743, 2.267 más que en 2019 (476). Respecto a 2020, los negocios han soportado 533 menos normas diarias (3.276)
De todas las normativas aplicadas en 2021, 2.025 han estado relacionadas con la pandemia, lo que se traduce en una media de 5,5 normas diarias respecto a la crisis sanitaria.
Este incremento normativo de 2020 y 2021, que afecta a la legislación europea, nacional y autonómica, está suponiendo un gran esfuerzo “económico y de personal para las empresas de distribución”, que han tenido que dedicar gran cantidad de sus recursos administrativos y técnicos al seguimiento de las nuevas normas.
De la mano, este 2022, muchos negocios han tenido que gestionar las bajas derivadas de la sexta ola de la pandemia y la adaptación a los diferentes criterios que se han aplicado, triplicando el personal administrativo, en algunos casos. “La vuelta a la normalidad normativa bajo los principios de confianza y racionalización es urgente para liberar recursos tanto de las empresas como de las administraciones públicas con medidas, como, por ejemplo, la práctica del silencio positivo”, comenta el director general de Asedas, Ignacio García Magarzo.
Más costes
Las normas aplicadas relacionadas con la pandemia han alcanzado un importe para el comercio de 514 millones de euros, según el informe Nuevos costes soportados por el sector comercial en España publicado por la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo de CEOE en marzo de 2021. Con la mirada puesta en el futuro cercano, “preocupa los costes asociados a otras reglamentaciones, especialmente relacionadas con el medio ambiente”. Se trata del impuesto del plástico no reutilizable, que podría suponer para las empresas un coste de 245 millones de euros, “o el impuesto al depósito en vertedero, que alcanzaría los 16 millones de euros”.
A ello, se suma los costes de la tasa Sandach de residuos orgánicos, que asciende a los 130 millones de euros, la sustitución del plástico de un solo uso, que suma 42 millones de euros o el impuesto a gases fluorados (33 millones de euros). Además, aquellos importes soportados directamente por los consumidores, como el incremento del IVA en las bebidas azucaradas que alcanza los 220 millones de euros.
“Nos preocupa la carga normativa, en muchos casos asociada a nuevos impuestos, que se pretende aplicar a través de varios proyectos legislativos en tramitación. Esto podría afectar a la sostenibilidad económica, social y medioambiental del modelo de distribución alimentaria que tenemos en España”, expone el director general. Igualmente, la distribución está comprometida con los objetivos sostenibles recogidos en la Agenda 2030, pero defiende que “la manera de alcanzarlos no es a través de una carga impositiva extraordinaria”.
