Ley del consumidor, mejoras online
El Consejo de Ministros aprobó el 11 de octubre el proyecto de Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Un texto, que intenta mejorar la seguridad jurídica de los consumidores y reforzar la protección de sus derechos, adaptando la normativa europea de 2011 a la legislación española.
La compra a distancia, en la que el comercio electrónico juega un papel importante, están entre los puntos principales de la nueva norma, todavía pendiente de ser aprobada por el Congreso. Entre las medidas previstas figuran algunas que introducen cambios sustanciales en esta actividad como, por ejemplo, la exigencia de una mayor información al consumidor en las formas de entrega y de pago; el requerimiento de su consentimiento expreso para autorizar cualquier pago adicional o la ampliación del plazo de desentimiento, que se aumenta a 14 días naturales y, en caso de ejercerse, el importe deberá reembolsarse también en 14 días naturales.
Otra de las propuestas es la modificación de tarifas para los números de atención 902, que, presumiblemente, pasarán a cobrarse como una llamada normal, aunque el texto presentado no aclara si estarán incluidas en las tarifas planas o no.
La reforma quiere acabar con los cargos encubiertos, por lo que el precio final de una compra online tendrá que ser conocido por el cliente antes de que ésta concluya. Además, no se podrán facturar al usuario cargos por emplear determinados medios de pago, que superen el coste derivado del uso que de ellos hacen las empresas. Otro aspecto que se quiere eliminar es la ‘letra pequeña’, obligando a las empresas a ampliar la información al consumidor antes de formalizar un contrato. En el caso de que éste se realicen a distancia, la empresa deberá contar con la aceptación del cliente por escrito.
Por otra parte, en las compras de contenido digitales (libros o música), se incluirá en cuántos dispositivos pueden reproducirse y cuántas copias se pueden hacer de los mismos.
DEMANDAS DE CECU
A pesar de estas mejoras, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) opina que “la reforma se queda corta”. Recuerda que aún quedan muchos aspectos pendientes, como las problemáticas relacionadas con el sector eléctrico, las cláusulas y prácticas abusivas, los condicionados de la publicidad los deficientes Servicios de Atención al Cliente (SAC).
Asimismo, CECU considera que “las medidas aprobadas deberían ir acompañadas de mejoras en los organismos de control e intervención de la administración frente a las actuaciones de las empresas, de cara a controlar su cumplimiento” y cree que se deberían “establecer sanciones que mejoren la efectividad de la Ley, sin olvidar la habitual reivindicación de las asociaciones de consumidores en cuanto a que esas sanciones se hagan públicas”.
Finalmente, estima que, antes de la llegada del texto definitivo al Consejo de Ministros, el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), máximo órgano de representación de los consumidores, debería haber participado mucho más en su concreción.