Las tendencias tecnológicas que marcarán 2025 en comercio y retail
Inteligencia artificial para facturar y Ley Antifraude transformarán la manera de vender a lo largo del próximo año.
En un panorama tecnológico en constante evolución, los terminales de punto de venta (TPV) están experimentando una revolución gracias a la inteligencia artificial (IA), mientras que las empresas españolas se preparan para adaptarse a la Ley Antifraude, que entrará en vigor en julio de 2025. Estas tendencias prometen transformar la manera en que los negocios gestionan sus operaciones y cumplen con las normativas fiscales.
La integración de inteligencia artificial en los terminales de punto de venta será una de las principales tendencias para 2025. El uso de IA permitirá a los comercios mejorar la experiencia del cliente a través de análisis predictivos, automatización de inventarios y recomendaciones personalizadas en tiempo real, según un análisis de La Casa del TPV. Además, esta tecnología optimizará procesos internos como la detección de fraudes y la gestión de datos fiscales en cumplimiento con normativas como la nueva Ley Antifraude.
En este contexto, todo apunta a que el empleo de IA será un aliado de gran valor para los TPV en 2025, ayudando a las empresas a tomar decisiones más certeras y a mejorar la experiencia del cliente.
La Ley Antifraude
En paralelo a la evolución tecnológica, el sector empresarial en España se prepara para cumplir con el Real Decreto 1007/2023, conocido como Ley Antifraude, que será de aplicación obligatoria a partir de julio de 2025. Esta normativa establece que todos los sistemas de facturación, incluidos los TPV, deberán cumplir con el estándar Verifactu, garantizando la integridad y trazabilidad de los datos fiscales.
Para garantizar este mayor nivel de transparencia por parte de los negocios ante sus clientes y con la Agencia Tributaria, será necesario tener los TPV actualizados a las necesidades del mencionado Real Decreto. La Ley Antifraude busca combatir la economía sumergida, pero también profesionalizar y digitalizar los negocios.
En caso de malas prácticas o incumplimiento, la Ley establece sanciones de entre 1.000 y hasta 150.000 euros.
