Las elecciones anticipadas deja en suspenso la ley de desperdicio alimentario y otras 50 más

El pasado 29 de mayo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba el adelanto de las elecciones, del 10 de diciembre al 23 de julio de 2023.

Esta decisión ha suspendido las actividades parlamentarias previstas tras la disolución de las Cortes Generales, lo que ha paralizado más de 50 leyes pendientes de aprobación. 

Desperdicio alimentario, en el Senado

La ley de desperdicio alimentario es una de las normas paralizadas ante el adelanto de las elecciones generales a julio por parte del ejecutivo. Esta ley estaba a falta de la aprobación en el Senado para evitar el desperdicio de más de 1.300 millones de kilos de comida en toda la cadena de producción.

Esta norma estaba a un paso de ser una realidad, después que el Congreso diera el visto bueno en mayo, con 269 votos a favor, ninguno en contra y 70 abstenciones. 

El texto recoge que para 2030 se reduzca a la mitad los residuos alimenticios per cápita en la venta minorista y el consumo, frente a los datos de 2020, lo que permitiría reducir un 20% la pérdida de productos en la cadena de suministros.

La aprobación estaba prevista para junio. Esta ley también llegaba con medidas que obligaban a los restaurantes a informar a los usuarios de que se pueden llevar las sobras. En este sentido, hay sanciones desde los 2.001 hasta los 60.000 euros.

Una norma que obligaba a todas las empresas de la cadena de disponer de un plan de prevención de desperdicios, con acuerdos con empresas, entidades sociales o bancos de alimentos.

Otras leyes en suspenso

El adelanto electoral al 23 de julio de este año y el cierre de la actividad parlamentaria, deja en suspenso muchas otras leyes que estaban en proceso de tramitación final. Entre ellas, la Ley de movilidad sostenible que pretendía introducir peajes en el centro de las ciudades para reducir las emisiones contaminantes. Iba a entrar en vigor el último trimestre de 2023.

Asimismo, queda en suspenso la ley de vivienda con muchas  medidas quedan en manos de las comunidades autónomas como las referidas a la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, que supondrá la redacción de un plan específico que va a proponer las medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios que se observen.

Caso similar, para la ley de paridad entre hombres y mujeres que obligaba a tener una representación paritaria a los órganos constitucionales del Estado como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial. O la Ley de Familias, que tenía por objeto la ampliación de la protección social a las familias y el apoyo a la crianza, la garantía del derecho a la conciliación, el pleno reconocimiento jurídico de los distintos tipos de familia y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

En suspenso también la Ley Ley de Enseñanzas Artísticas, la ley del cine y cultura audiovisual o la de Salud mental y ELA,  esta última con  una partida de 38,5 millones de euros para impulsar la atención a la salud mental, que iban a ser transferidos a las comunidades autónomas.

Igual suerte corre el Decreto contra la sequía con  medidas extraordinarias  para activar la posibilidad de que cada confederación hidrográfica pudiera impulsar acciones para obtener recursos hídricos ante la falta de lluvias y la caída del agua almacenada en los embalses. Asimismo, en suspenso la ley de seguridad nacional, la ley al derecho del olvido oncológico, la trasposición de directivas europeas para la lucha contra el fraude, la ley de eficiencia digital de la Justicia o la ley  que crea la Agencia Estatal de Salud Pública, entre otras.