La nueva Ley de Residuos ‘amenaza’ el reciclado en España
El Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, propuesto por el gobierno y actualmente en trámite parlamentario, no ha gustado a los principales Sistemas Integrados de Gestión de residuos (SIG) de nuestro país.
Asociaciones como Ecoembes, Ecoasimelec, Ecopilas, Ecofimática, Ecolum, ERP España, Sigaus, Sigfito, Signus, Sigre y Tragamóvil, cuyas empresas adheridas representan alrededor del 13% del PIB nacional, han emitido un comunicado conjunto en el que expresan su malestar por la nueva normativa.
Consideran innecesario el cambio y creen que el régimen jurídico e institucional propuesto por el Ejecutivo “dificultará su estructura organizativa y de funcionamiento, pudiendo provocar a corto y medio plazo, en algunos casos, la interrupción de la financiación que aportan las empresas adheridas para la gestión medioambiental de los diversos residuos”. Además, añaden que “implicará un grave incumplimiento de los objetivos de separación y reciclaje fijados por la normativa vigente”.
El traslado de residuos entre las comunidades autónomas es otro de los puntos de fricción. Si la ley se aprueba, los SIG estiman que “se establecerán barreras injustificadas que provocarán actuaciones ineficaces y un encarecimiento del proceso en numerosas ocasiones, lo que se traducirá en la falta de eficacia en la recogida y el tratamiento medioambiental de estos residuos y un mayor coste medioambiental, repercutido a los usuarios”.
España se encuentra actualmente entre los primeros países europeos en materia de reciclado. Los SIG creen que la nueva legislación, lejos de estar en línea con la simplificación administrativa exigida en la Unión Europea, y de reciente regulación en España, “obligará a tramitar de nuevo o renovar las autorizaciones ya obtenidas a través de un complejo procedimiento de intervención de cada una de las autoridades medioambientales competentes”
Por todo ello, hacen un llamamiento a los representantes de los grupos políticos en el Parlamento para que se modifiquen algunos artículos de la norma, con el objetivo de garantizar los resultados medioambientales conseguidos en nuestro país.
Además, advierten que “las consecuencias medioambientales, jurídicas, sociales y laborales de la nueva medida pueden afectar a la gestión de más de 6,6 millones de toneladas de residuos generados anualmente en más de 700.000 puntos de recogida. Una tarea que da empleo a 35.000 personas en España”.
