La cadena de valor pide retrasar un año la entrada del impuesto al plástico
Doce organizaciones de la cadena de valor piden retrasar la entrada en vigor, al 1 de enero de 2024.
La escalada de los precios del gas y la electricidad está causando un grave impacto en los costes empresariales y tensionando al alza la inflación. A ello se unen los impactos derivados de la guerra de Ucrania, así como la crisis sanitaria y económica. Ante este contexto, las organizaciones de la cadena de valor piden al Gobierno retrasar la puesta en vigor el Impuesto Especial a los Envases de Plástico, previsto para el 1 de enero de 2023.
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, así como las asociaciones empresariales Aecoc, Aces, Anged, Asedas, Fiab, Adelma, Stanpa y EsPlásticos, creen que es necesario retrasar la entrada en vigor de la medida hasta, al menos, el 1 de enero de 2024.
“Este contexto inestable está poniendo a prueba la resistencia de los sectores empresariales, por lo que no parece razonable añadir a corto plazo costes adicionales”, señalan en un comunicado. Y completan que dentro de la UE no se ha optado por medidas fiscales en la legislación de economía circular, “son conscientes de la delicada situación económica y han ido posponiendo la entrada en vigor de este en sucesivas ocasiones”.
Carencias del impuesto
La implementación de un impuesto, continúan explicando en un comunicado, es “sumamente complejo, y necesita un desarrollo reglamentario donde se explican de manera detallada todos los procedimientos y trámites administrativos a seguir, la creación de documentación, el desarrollo de aplicación informáticas, así como la definición clara de las obligaciones de cada uno de los afectados”.
“Las dudas sobre cómo poder cumplir con las obligaciones legales se multiplican, por lo que a día de hoy siguen siendo analizadas por la propia Administración para poder dar respuesta a su compleja aplicación”, hacen hincapié los miembros de las 12 organizaciones.
Las organizaciones agrarias y las asociaciones empresariales consideran que además de por la complicada coyuntura económica, es “imprescindible dar un margen de tiempo suficiente para poder resolver todas las cuestiones y dudas que se están planteando antes de obligar a gravar con un impuesto que nadie sabe de momento cómo aplicar”.
