Grupo Mox advierte de signos de competencia desleal en Food Delivery
Para Grupo Mox, “cualquier compañía que ofrezca servicios por un precio inferior a los 11 euros por hora de trabajo, está cometiendo fraude laboral”.
La startup especializada en la entrega de última milla, Mox, ha asegurado la existencia de empresas en el sector de reparto de comida a domicilio que no aplican correctamente la Ley Rider, al ofrecer precios por debajo de mercado y realizando, por tanto, prácticas de competencia desleal.
La Ley Rider, aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado mayo y que se encuentra ultimando su tramitación, contempla, entre otros elementos, la subcontratación del servicio en una empresa especializada en reparto de comida a domicilio, sobre la que Grupo Mox advierte de la existencia de empresas que ofrecen precios por debajo del mercado por no estar adaptados a esta nueva legislación.
La compañía afirma que existe, por tanto, competencia desleal y advierte a agregadores, cadenas de restauración y restaurantes de las consecuencias legales que la contratación de estas empresas implica, así como posibles daños a la imagen de marca.
Según ha explicado Jaume Boada, managing director de Grupo Mox, cualquier compañía que ofrezca servicios por un precio inferior a los 11 euros por hora de trabajo, está cometiendo fraude laboral.
“Existen unos gastos salariales, de transporte y de estructura que son imposibles de mantener con un coste inferior a esa cantidad. Queremos advertir al mercado de este tipo de prácticas y las repercusiones negativas que para ellos tendrían al contratar a estas empresas”, añade Boada.
David Rivera, country manager de Mox Food Delivery, la división especializada en el reparto de comida a domicilio de Grupo Mox, lamenta que exista esta competencia desleal cuando “todo el sector está haciendo un esfuerzo tremendo por cumplir la legislación” y “no debe haber lugar para los incumplidores”.
Rivera recuerda además que la compañía viene trabajando con repartidores asalariados desde su creación en 2016. A día de hoy, cuentan con más de 1.000 repartidores en 40 ciudades españolas.
“Uno de los motivos que busca esta ley es evitar la precariedad laboral de los repartidores y, al contratar a empresas con esos precios, no se pone fin a esa situación. Creo que es un buen momento para que la Administración Central haga inspecciones y vele por el cumplimiento de la normativa porque supone una indefensión brutal”, concluye.
