El sector de e-commerce en contra de la nueva directiva europea sobre derechos de los consumidores
Cuando apenas faltan dos semanas para que el 30 de mayo se vote la nueva normativa europea de derechos de los consumidores, las protestas de los operadores de
e-commerce no se han hecho esperar.
El pasado mes de marzo, Bruselas propuso una serie de medidas encaminadas a reforzar la protección de los derechos de los consumidores en lo relativo al comercio electrónico. Se procedió entonces a la aprobación de enmiendas, por parte de los diputados, a la propuesta de la Comisión en la denominada “Directiva sobre los Derechos de Consumidores”. El voto final ha quedado aplazado para tratar de alcanzar un acuerdo con el Consejo Europeo..
La normativa incluye todas las formas de ventas, ya sean a distancia ,por teléfono, televisión, correo, a domicilio o en la tienda, pero afecta especialmente al comercio electrónico.
Las principales discrepancias proceden del aumento del plazo para devolver un producto comprado por Internet, que queda fijado en 14 días, el doble de los siete que tienen la mayoría de los países europeos, entre ellos España. En estas dos semanas, el consumidor puede retornar el producto al vendedor sin ningún tipo de penalización. Además, el comprador dispondrá de otros 14 días para hacer efectiva la devolución, por lo que al final, el periodo puede alcanzar casi un mes.
Otra de las novedades se refiere al los pedidos que superen los 40 euros. En este caso, la empresa tiene obligación de reembolsar el coste del producto devuelto y también los del envío (que antes asumía el cliente) en el mismo plazo de 14 días. El problema surge cuando las tiendas virtuales se plantean reintegrar el importe de un artículo incluso antes de haber recibido su devolución, aunque el consumidor tendrá que probar que lo ha devuelto.
Los productos digitales, como la música, las películas o los programas estarán excluidos de la devolución, ya que en estos supuestos la venta se considera cerrada, desde el momento en que comienza la descarga.
La norma también establece una serie de obligaciones para ambas partes. El consumidor tendrá que confirmar que ha entendido los detalles de la compra y el vendedor deberá proporcionarle toda la información necesaria sobre el producto y su envío.
La Asociación Interactive Media in Retail Group (IMRG) ha manifestado su total desacuerdo con la nueva regulación por entender que puede causar unas pérdidas anuales de 10.000 millones de euros para los minoristas, provocando un aumento de los precios. Además, considera que tales propuestas ”equivalen a un 4% del valor estimado de la industria europea del comercio electrónico en 2012”.
Entre los disidentes también se encuentran líderes del sector de venta online, como Pixmanía.com y vente-privée.com, que han emitido un comunicado conjunto en el que ambos portales advierten de las consecuencias de las propuestas del Parlamento Europeo, que a su juicio “ponen en peligro el desarrollo del comercio electrónico en toda Europa”.
