El sector agroalimentario busca respuestas
“Demandas del sector agroalimentario para la Administración” ha sido el lema del primer Foro Debate Qcpm.es., celebrado el pasado viernes, 4 de noviembre. En vísperas del inicio de la campaña electoral, este encuentro ha querido trasladar a los partidos políticos las propuestas que la industria agroalimentaria española necesita para “alcanzar una mayor competividad que le permita ser rentable en el tiempo”.
Este ha sido el principal objetivo del evento, organizado por el periódico Qcom.es, que se distribuye de forma gratuita en los centros comerciales de toda España. Creado y promovido por un grupo de expertos en agroalimentación y consumo, intenta aportar, de manera objetiva y didáctica, información útil al consumidor, con la intención de convertirse en vínculo entre la alimentación y las personas.
Para trazar el futuro del sector agroalimentario Qcom, ha contado en este primer foro con la participación de Aurelio del Pino, director general de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES); Horacio González, secretario general de la FIAB; Eduardo Baamonde, director general de Cooperativas Agro-alimentarias; Miguel Blanco, secretario de Organización de COAG; Fernando Villena, presidente de Asaja Castilla- La Mancha y Lorenzo Ramos secretario general de UPA.
En su intervención, Aurelio del Pino recordó que la primera necesidad es crear un marco macroeconómico favorable para la salida de la crisis y apeló a “la colaboración de los agentes de la cadena con el objetivo de generar un clima de confianza entre los distintos eslabones”. De la misma manera, reiteró la necesidad de trasladar al consumidor mensajes constructivos con el objetivo de generar confianza y pidió que los responsables políticos “no distorsionen la actividad empresarial con normas desproporcionadas o con iniciativas como el observatorio de precios por enseñas del Ministerio de Industria Turismo y Comercio que dan una imagen falsa y distorsionada de la oferta de las empresas”.
El responsable de ACES también aludió al diseño de políticas sectoriales que incentiven la competitividad. “La Administración debería dejar al propio sector definir con criterios de eficiencia la solución a los problemas medioambientales, como por ejemplo ha ocurrido en la Ley de Envases y Residuos de Envases'”.
Para Horacio Alemán, 'la primera industria nacional necesita de una Administración propia de tutela efectiva y eficiente que abarque todas sus necesidades”. En este sentido, apuntó la necesidad de elaborar ,por parte de la Administración, una política alimentaria coherente que regule y equilibre las relaciones dentro de la cadena alimentaria. En su opinión, “es necesario crear un nuevo marco jurídico que redunde en beneficio último del consumidor”. Además, “la alta internacionalización de las empresas agroalimentarias españolas demuestra que el producto español es competitivo fuera de nuestras fronteras”.
Eduardo Baamonde pidió “coherencia en las políticas diseñadas para corregir una cadena alimentaria desequilibrada, consecuencia de la atomización de la oferta y la concentración de la demanda” y afirmó que “los pilares para conseguir esta coherencia son la vertebración económica del sector, mejorando la concentración de la oferta y la integración cooperativa”.
Miguel Blanco destacó la necesidad de “considerar el sector agrario como estratégico, de forma real, no solamente sobre el papel, ya que en la actualidad está caracterizado por la pérdida de rentabilidad, el incremento de costes y bajos precios, muy ligados al mercado actual”.
Fernando Villena reclamó “una política nacional para el sector agroalimentario, ya que se echa de menos una política nacional agroalimentaria desde hace mucho tiempo'.
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, puso punto final al debate, insistiendo
en la necesidad de generalización de las relaciones contractuales entre suministradores y receptores; vertebración del sector a través de políticas activas de concentración; incremento de la capacidad de negociación real de productores a través de las interprofesionales; mejora del funcionamiento de la cadena y desarrollo de un Código de Buenas Prácticas comerciales para evitar las prácticas abusivas.
