Bruselas denuncia a España por restricciones de establecimiento, mientras Madrid plantea la liberalización comercial
La Comisión Europea ha denunciado a nuestro país ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por vulnerar la normativa comunitaria en materia de libertad de establecimientos comerciales.
La denuncia se conocía el pasado viernes, 4 de abril, y coincidía con la noticia de que la Comunidad de Madrid está estudiando aprobar un paquete de medidas para simplificar procedimientos y eliminar trámites burocráticos para la actividad comercial.
El objetivo del Ejecutivo madrileño es generar empleo y relanzar la actividad económica del sector. Entre las actuaciones que plantea está la libertad de horarios comerciales, reducción de plazos y papeleos, la eliminación de la segunda licencia para la mayor parte de las grandes superficies.
Justo esta última medida ha sido una de las causantes de la denuncia del Ejecutivo comunitario que requirió el pasado 17 de octubre a las autoridades españolas que eliminaran los obstáculos legislativos a la libertad de establecimiento en la distribución. Dándoles un plazo de dos meses para modificar la normativa nacional y la catalana.
El dictamen venía motivado por las quejas de distribuidores de varios estados miembros que denunciaron la normativa española y catalana para establecerse libremente. Bruselas tras estudiar las denuncias concluyó que ambas leyes tienen un “efecto particularmente restrictivo” y no respetan el artículo 43 del Tratado sobre libre establecimiento.
Además, señalaba que se apoyan en su mayoría en consideraciones de naturaleza económica como la existencia de una necesidad de mercado o el impacto de la implantación sobre los comercios existentes, y fijan criterios insuficientemente previsibles y objetivos.
La respuesta remitida por España ha sido considerada poco clarificadora, ya que sólo señala que se procedería a la reforma pero no hace ninguna mención al tipo de acciones que se van a realizar ni especifica el plazo para ejecutarlas. Por ello, la Comisión ha decidido acudir a los tribunales.
