Aurelio del Pino González
Ante todo, felicito a DA/retail por su nuevo formato y enfoque editorial. En sus más de 35 años de historia, Distribución Actualidad ha sabido adaptarse al ritmo de los profundos cambios del sector comercial y del gran consumo. Además, quiero agradecer sinceramente el honor de estar en estas páginas, casi de estreno, para hacer unas reflexiones desde mi postura de observador y de responsable patronal.
Cuando se publique este artículo ya se sabrá el mapa político resultante de las elecciones del 20 N. El nuevo Gobierno tendrá un complejo desafío para reestablecer los equilibrios financieros y presupuestarios y generar un entorno favorable para la economía. La recuperación de la confianza y del dinamismo empresarial dependerá adicionalmente de que el marco jurídico e institucional genere seguridad a los operadores. La actividad política en sus diferentes frentes debería buscar un objetivo principal: la mejora de la competitividad y de la capacidad de las empresas para generar riqueza y empleo. En épocas de bonanza, la inercia permitía absorber determinados costes e ineficiencias, sin por ello reducir el ritmo de crecimiento; en épocas de crisis, cualquier ineficiencia de origen legal o estructural supone un pesado lastre para la actividad.
Además, es evidente que, al igual que en épocas anteriores, el crecimiento del consumo privado debe ser uno de los motores claves de la recuperación; por eso no sólo es necesaria la generación de riqueza y empleo, sino también un clima de seguridad y confianza en la propia actividad empresarial.
Dicho esto, introduzco unas consideraciones sobre lo que considero fundamental en esta etapa para que nuestro sector pueda contribuir más efectivamente a la superación de la crisis.
Primero, hay que revisar profundamente la normativa de comercio minorista. La Comisión Nacional de Competencia, en su informe “sobre las relaciones entre fabricantes y distribuidores en el sector alimentario”, acaba de señalar que persisten importantes restricciones a la libertad de establecimiento; a pesar de que la transposición de la Directiva de servicios debería haber acabado con todas las limitaciones no justificadas, discriminatorias o desproporcionadas y con aquellos factores que suponen la ruptura de la unidad de mercado. La postura de ACES al respecto, ha sido siempre muy clara y partidaria de la defensa a ultranza de los principios de libertad de empresa y de libre competencia. La legislación no sólo debe ser clara y estable para que las empresas adopten decisiones a medio y largo plazo, sino que se deben evitar las trabas para el acceso a los mercados y el ejercicio de la actividad.
Segundo, quiero resaltar que el dinamismo del sector depende de la capacidad de las empresas para aprovechar sus resortes competitivos. Desde este punto de vista, es el cliente y no la administración quien debe valorar la idoneidad de las estrategias empresariales. Me estoy refiriendo a que toda la distribución coincide en que el estudio de precios por enseñas del Ministerio de Industria Turismo y Comercio ha introducido un factor de distorsión en el mercado y en la imagen de las enseñas. Esta iniciativa, que supone una auténtica “aberración estadística”, ha afectado negativamente a la imagen del sector y de las empresas al focalizar la información sólo sobre el precio de una pequeña muestra de productos, despreciando otros atributos como servicio, calidad, surtido, ofertas, promociones, etc…
En tercer lugar, considero que las administraciones públicas pueden contribuir a la mejora de actividad con mensajes que refuercen la confianza del consumidor en el funcionamiento del sector y muy especialmente en el caso de los productos agroalimentarios. El cuestionamiento la calidad o seguridad alimentaria de los productos dificulta la comercialización. Gracias a la actividad empresarial liderada por los grandes operadores, tenemos una cadena agroalimentaria segura y eficaz como se ha puesto de manifiesto con la crisis Alemana del e-coli. Estos son los mensajes que la administración debe apoyar y transmitir. También son muy perjudiciales para la confianza las dudas que se siembran sobre el funcionamiento eficiente de la cadena.
Me gustaría hacer mención aparte, por último, a la normativa sectorial (sanitaria, medioambiental, de consumo, de transportes, de urbanística, laboral, tributaria, etc.). A través de esta vía se introducen en muchos casos restricciones que afectan a la competitividad de las empresas, sin tener en cuenta los costes de gestión y de complejidad empresarial. La normativa debería dejar a las empresas definir las maneras de cumplir más eficientemente con los objetivos de mejora. El ejemplo más claro que ilustra esta idea es la reciente Ley de residuos y suelos contaminados: Aquí todos los eslabones de la cadena, industria alimentaria, envasadores, fabricantes de materiales, sistemas de gestión y todo el comercio hemos tenido que hacer un frente común para evitar que la normativa impusiera una recogida de envases inviable técnica y económicamente.
En definitiva, necesitamos unas políticas económicas eficaces y coherentes, una legislación clara y estable que favorezca la unidad de mercado y la actividad empresarial y una administración que apoye y no interfiera. Lo demás: la actividad económica, la inversión, el empleo, la innovación, etc. lo pondrá el propio sector como se ha venido demostrando.
