Alimentación, comercio e industria contra la devolución de envases

Un proyecto de ley, que se vota hoy en el Senado y que los firmantes de la nota, aseguran que excluye a todos los sectores afectados, negándoles la posibilidad de decidir sobre una cuestión que les afecta directamente, por ser responsables de su gestión y financiación.

El colectivo que se opone al proyecto, reclama que éste se contemple como alternativa sólo en aquellos casos en que se estuvieran incumpliendo los objetivos de reciclaje de envases fijados por la Unión Europea, niveles que, en el caso de España se superan. Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en 2008, nuestro país recicló el 59% de los envases y esta cifra ha venido aumentando año tras año.

Según el texto de la ley (ahora en tramitación) ya no serían las empresas las encargadas de elegir el sistema de reciclado con el que cumplir la ley, sino que el Ejecutivo tendría la total potestad para implantar el SDDR por decreto. En tal caso, solo tendría que remitir a las Cortes Generales unos informes preceptivos de viabilidad, cuya finalidad podría estar sujeta a otros intereses, alejados de los objetivos medioambientales, fijados por la UE en los sistemas de gestión de envases.

Además, argumentan que, si, finalmente, se decidiera su implantación, las empresas envasadoras de alimentos y bebidas se verían gravemente afectadas, ya que tendrían que hacer frente a un doble gasto de logística e infraestructura y doble gasto también en la gestión de unos envases que, actualmente, Ecoembes y Ecovidrio ya gestionan de manera eficiente. El SDDR afectaría a los envases de bebidas de plástico, metales y vidrio, que suponen el 25% de todos los gestionados hoy por los SiGs.

Por la parte de la distribución, autoservicios y supermercados ven inasumible la puesta en marcha de este sistema, que conllevaría la implantación en España de alrededor de 20.000 máquinas para la devolución de envases, con un precio unitario estimado en 20.000 euros, lo que implicaría un desembolso cercano a los 400 millones de euros, sólo para la adquisición de maquinaria. A esta inversión inicial habría que sumar el coste de otras infraestructuras complementarias (cintas trasportadoras, máquinas compactadoras de envases, plantas de conteo, etc.), así como las ganancias que se dejarán de percibir por la pérdida de espacio para venta o almacén.

El pequeño y mediano comercio, por su parte, alega que no podría hacer frente a las altas inversiones económicas de gestión y de personal que requiere la puesta en marcha y posterior operación el nuevo sistema. Más de 80.000 establecimientos no disponen de espacio suficiente para la instalación de las máquinas y zonas de almacenamiento y manipulación que exige el nuevo sistema, lo que les obligaría a implementar un sistema manual, con costes importantes en mano de obra, espacio de almacenamiento y transporte, entre otros.

Los consumidores también se verán afectados, porque el SDDR es un sistema de reciclado de envases 8,5 veces más caro que el actual. Además. tendrán que abonar un depósito por cada envase, que sólo se recuperará si se devuelve al comercio en perfecto estado de limpieza y conservación.

Finalmente, el comunicado pone de relieve las conclusiones de un estudio realizado por Sismega, que estima que la inversión necesaria para implantar el SDDR alcanzaría los 465 millones de euros. A ello, habría que añadir un coste anual neto de gestión de 570 millones de euros. Este esfuerzo, en el mejor de los escenarios de recuperación de envases por el SDDR, apenas supondría un incremento del 2% sobre la tasa de reciclado actual.