AECOC advierte de las consecuencias de la norma de transporte por carretera

La Asociación de Empresas de Gran Consumo (AECOC) ha mostrado su preocupación por la próxima aprobación del Real Decreto Ley del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la regulación del transporte por carretera, al señalar que las medidas incluidas ponen en riesgo la competitividad y eficiencia de la cadena de valor, siendo las mayores perjudicadas las pequeñas y medianas empresas. 

En su comunicado, la patronal de Gran Consumo ha insistido una vez más en la necesidad de escuchar las peticiones de las empresas cargadoras. La próxima norma, que está prevista que se apruebe por el Consejo de Ministros este mismo mes, recoge, explican, las reivindicaciones de las organizaciones de las empresas del transporte pero, en ningún caso, las de muchos de los transportistas y en especial los conductores. 

“Es incomprensible e intolerable que se aprueben, vía Real Decreto Ley, y en tan corto plazo, medidas de tanto calado e impacto en el sector, sin contar con la parte que debe implementarlas y soportarlas – que son las empresas usuarias del transporte- y sin un análisis riguroso de sus impactos reales”, declaran. 

En relación a la prohibición de que el conductor realice las operaciones de carga y descarga de los vehículos de más de 3,5 toneladas, AECOC considera que ocasionará graves problemas para las empresas contratantes del servicio – sobre todo, para las pymes-, incrementará los tiempos de espera y supondrá una pérdida de productividad y competitividad muy perjudicial para el conjunto de la economía. 

En opinión de la asociación, es un grave error que no se admita que esta cuestión forme parte de los acuerdos de negociación entre las partes. 

“Las empresas contratantes del transporte no pretenden que se obligue al conductor a realizar estas tareas, sino simplemente que se permita que las empresas, de mutuo acuerdo y en función de las circunstancias, puedan decidir cuál es el mejor modelo en cada uno de los casos”. Y destacan que en caso de que sea el conductor quien realice estas tareas, se vea reflejado en el contrato, pagado a parte y realizado con las máximas garantías de seguridad. 

En cuanto a la revisión del precio del combustible, la patronal de Gran Consumo recuerdan que a día de hoy se revisa el precio del transporte en función de la variación del precio del gasóleo, lo que posibilita el libre acuerdo entre las partes. Señalan que el Real Decreto elimina la posibilidad de estos acuerdos bilaterales, “lo que implica que todas las empresas con contratos de transporte han de renovar las condiciones económicas de acuerdo a las fórmulas fijadas por la Administración en las Condiciones Generales de Contratación”. 

“Estamos de acuerdo en que las partes deban tener en cuenta las variaciones del precio del  combustible, no obstante, entendemos que no debería ser obligatorio aplicar las fórmulas de  la Administración y que se debería dejar la puerta abierta a la libertad de pacto. Las fórmulas  planteadas por la administración no tienen en cuenta parámetros tan relevantes para el peso  del combustible como, por ejemplo, la distancia recorrida”, expresan. 

Desde AECOC informan que han trasladado al ministerio todas estas cuestiones y han solicitado un encuentro con la Ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para tratar el impacto de la normativa en las empresas.