A vueltas con la Ley de Comercio
La guerra abierta entre algunas administraciones autonómicas y las empresas emblemáticas en el sector retail no ha hecho más que empezar. Algunos grandes grupos de distribución asentados en nuestro país han comenzado a movilizarse para plantar cara a las diferencias de trato sufridas dependiendo de en qué zona del país tengan intención de realizar nuevas aperturas. Y es que las trabas de las comunidades autónomas están animando a muchas compañías a iniciar acciones judiciales desde el momento en que se deniegue la licencia de apertura de una nueva gran superficie comercial.
Los datos de la superficie de centros comerciales localizados por comunidades autónomas son reveladores de una extraña situación. Así, comunidades con alto potencial comercial como Cataluña o Baleares disponen de 160 o 169 metros cuadrados de centro comercial por cada mil habitantes, mientras que en Madrid o Asturias hay más de 430 metros cuadrados y la media nacional se sitúa en 283. También es significativo que en toda Cataluña existan menos de la mitad de centros abiertos que en Madrid, 43 frente a 92. Es evidente que hay comunidades muy restrictivas en la concesión de aperturas de este tipo de centros, mientras que en otras parece no predominar el cerrojazo administrativo.
Por otra parte, la Unión Europea no es tan restrictiva y ampara de forma tácita los derechos de las compañías de distribución comercial, hasta el punto de que en el sector se predice una clara oposición de los organismos europeos a la nueva ley del comercio, pudiendo llegar incluso la imposición de sanciones y el consiguiente perjuicio para todo el sector, pero sobre todo para la economía nacional. Un punto de inflexión en el desarrollo de esta ley se marcó en el momento en que la Comisión Nacional de la Competencia advirtió del seguro rechazo por la Comisión Europea, al impedir el desarrollo de la liberalización del sector de la distribución en España, contraviniendo todas las recomendaciones de la directiva comunitaria.
La ley está aprobada desde el pasado junio por el Consejo de Ministros y entra en vigor el próximo uno de enero, pero también es verdad que no ha dejado de crear polémica y movimientos en contra por parte del partido mayoritario de la oposición y de las asociaciones que agrupan a empresas como Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés, Ikea, Leroy Merlin o Toys’R’us, entre otras muchas.
Asistiremos a un otoño caliente y a un estreno de año 2010 con indudable inquietud en el sector.
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