Javier Gómez-Navarro dice adiós a las Cámaras
El presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Javier Gómez-Navarro presentaba el 13 de abril su dimisión con carácter irrevocable.
Ante esta circunstancia, las Cámaras han emitido un comunicado en el que explican la salida del presidente “por motivos estrictamente personales y como un gesto de responsabilidad institucional”.
El propio Gómez-Navarro justificaba su decisión argumentando que el nuevo modelo de funcionamiento de las Cámaras “requiere absoluta dedicación” y alegaba que sus compromisos empresariales y profesionales no le permiten ocuparse de esta tarea en las condiciones que requiere.
No obstante, Gómez-Navarro permanecerá como presidente en funciones, durante 15 días, hasta que se convoque el pleno extraordinario para elegir a su sustituto, que debe salir de los 88 miembros del pleno o de los notables.
Parece que en la resolución de Gómez-Navarro subyace su desacuerdo con el Gobierno por la supresión de la obligatoriedad del pago de la cuota cameral que aportan las empresas. Una medida, aprobada el pasado mes de diciembre, mediante un decreto ley, que el presidente saliente considera un error, pues, en su opinión, se elimina una de las principales fuentes de financiación de las Cámaras.
De hecho, para que las Cámaras pudieran adaptarse a la norma se eximió a las pequeñas empresas de la obligatoriedad del pago con carácter inmediato, estableciendo para el resto de las compañías un periodo transitorio a lo largo de 2011.
El Consejo Superior de las Cámara estima que la reforma de la ley cameral reducirá los ingresos de las cámaras en 250 millones de euros, el 60% de su presupuesto.
Javier Gómez-Navarro llegó a la presidencia del Consejo Superior de Cámaras en febrero de 2005. En junio de 2006, fue nuevamente reelegido presidente con el 87,4% de los votos y cuatro años después, en julio de 2010, refrendaba su cargo con el 93,3% de los votos.
Su mandato se ha caracterizado por el ser una etapa de consenso y acercamiento de las Cámaras a la CEOE, a los sindicatos y al Gobierno. La competitividad ha sido su principal objetivo, de ahí su compromiso ante las empresas de trabajar por la competitividad del tejido productivo español.
Bajo su presidencia, las Cámaras de Comercio han planteado a la sociedad española y a los poderes públicos cuestiones como la necesidad de mejorar la regulación y reducir los trámites administrativos o la conveniencia de llegar a un Pacto de Estado para lograr un modelo energético sostenible.