Los detallistas de alimentación, contrarios a la reducción de jornada
APRODE alerta al Ministerio de Trabajo y al Congreso de los Diputados de las consecuencias de la reducción de jornada laboral a 37,5 horas en los pequeños comercios de alimentación.
La Asociación Profesional de Detallistas de la Alimentación de España (APRODE) ha trasladado al Ministerio de Trabajo y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados su preocupación ante la propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas en los pequeños comercios de alimentación.
A través de una carta enviada a la cartera que dirige Yolanda Díaz así como a los distintos grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, la entidad ha propuesto mantener la regulación actual, que considera apropiada. Pero, en caso de que los agentes sociales y, más tarde, la mayoría parlamentaria convenga algún tipo de reducción de jornada, recomienda que se establezca un criterio basado en el tamaño de la empresa y que contemple una excepción a esta medida para pequeñas y medianas empresas (es decir, compañías con menos de 250 empleados).
“Si bien apoyamos firmemente la conciliación de la vida laboral y personal, consideramos que esta medida podría tener consecuencias negativas significativas tanto para los comerciantes como para los consumidores”, ha informado Antonio López Vaquero, presidente de APRODE.
Según la patronal de la alimentación detallista, la reducción de jornada laboral, si trae consigo una reducción del horario de atención al público, limitaría la capacidad de los comercios de alimentación de proximidad de “atender adecuadamente a los clientes, especialmente aquellos con horarios de trabajos extensos o no convencionales”.
Y recuerdan que también “podría provocar una significativa pérdida de ingresos para los comerciantes, poniendo en riesgo la sostenibilidad económica de numerosas pequeñas y medianas empresas en miles de municipios”.
Además, la medida obligaría a los comercios a contratar personal adicional, incrementando los costes laborales y debilitando su posición y competitividad en el mercado. Citando las cifras de CEPYME, mantener los salarios actuales con la reducción de jornada supondría un coste directo de 11.800 millones de euros, y un aumento del coste-hora de un 6,26%.
“Para hacer frente a esta subida de costes, los supermercados se verían obligados a repercutirlo en una subida de precios en productos de alimentación, contribuyendo a una mayor inflación, que lleva ya 2 años acuciando al sector minorista y de distribución y por ende, perjudicando a todos los consumidores”, exponen.
Añaden el riesgo de facilitar la concentración del mercado en grandes operadores ante la mayor capacidad de estas últimas de actuar con horarios extendidos y mayores recursos, lo que “pondría en desventaja a los detallistas del sector de la alimentación, desposicionándoles en un mercado altamente competitivo y poniendo en riesgo su supervivencia”, así como una posible disminución del personal que afectaría al empleo local.
