El Comercio rechaza limitar el pago en efectivo a 1.000 euros
Las organizaciones ANGED, CEC, ACOTEX y FECE recuerdan que no se puede poner bajo sospecha de delito el uso de la moneda en curso legal.
La medida de limitar a 1.000 euros los pagos en efectivo que contempla el proyecto de Ley de lucha contra el fraude fiscal “supone un ataque directo al medio de pago utilizado mayoritariamente en España”, según han advertido las organizaciones del sector comercial ANGED, CEC, ACOTEX y FECE.
De acuerdo con las entidades patronales del Retail, el dinero es un medio de pago emitido y garantizado por los Estados, de ahí que recuerden que no se puede poner bajo sospecha de delito el uso de la moneda en curso legal por parte de los ciudadanos.
Si bien comparten el objetivo de la lucha contra el fraude fiscal en España, para estas organizaciones resulta “desproporcionado” implantar un límite tan bajo para las operaciones en efectivo y a la propia libertad de elección por parte del consumidor, “poniendo bajo sospecha a cualquier cliente que realice compras en el comercio por valor superior a 1.000 euros”.
Recuerdan, asimismo, que este límite “supone una barrera innecesaria al consumo”, ya que sustituir el dinero en efectivo por otros medios de pago tiene un coste elevado para los ciudadanos y comerciantes, como los ocasionados por las comisiones de pago y la posesión de tarjeta.
Esta medida llega, para las patronales del sector, en un mal momento, debido a la caída del consumo que se ha producido como consecuencia de la pandemia de COVID-19, que en España, de un 16%, duplica a la media de la Unión Europea.
“Sin un horizonte claro de recuperación y con unas ayudas que no llegan, el Comercio pide que al menos no se perjudique más la actividad de las empresas con medidas que van justo en la dirección contraria a las promovidas en Europa”, señalan.
A este respecto, recuerdan que el propio Consejo Europeo reconoce que el efectivo sigue desempeñando un papel esencial como salvaguardia en caso de mal funcionamiento de los sistemas e infraestructuras de pago. Y que tanto los pagos en efectivo como los pagos digitales deben ofrecerse y aceptarse de manera general, en respuesta a la demanda y las preferencias de los usuarios.
“Una línea defendida también por el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, y que choca frontalmente con las medidas que pretende introducir el proyecto de ley tramitado en las Cortes”, sentencian.
