¿Por qué es necesaria la Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria?
El anteproyecto de ley de medidas de mejora de la cadena alimentaria, que está elaborando el Gobierno, pone de manifiesto que la creciente concentración de la distribución ha dado lugar a asimetrías en el poder de negociación a lo largo de la cadena que derivan en una falta de transparencia en la formación de precios y en prácticas comerciales potencialmente desleales y contrarias a la competencia.
Estas prácticas abusivas producen ineficiencias y pueden reducir la competitividad de todo el sector agroalimentario, tal como alertó la Comisión Nacional de la Competencia en su informe de octubre de 2011 sobre las relaciones entre fabricantes y distribuidores en el sector alimentario.
Las organizaciones de consumidores también están tomando conciencia de los riesgos que las prácticas comerciales de los distribuidores frente a sus proveedores pueden generar en el bienestar de los consumidores (precios más altos, menor variedad de artículos entre los que elegir a la hora de hacer la compra, merma en la calidad y menor número de innovaciones a disposición del cliente).
Prueba de ello son las alegaciones favorables presentadas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) al anteproyecto de Ley de mejora de la cadena alimentaria Dichas alegaciones reflejan su preocupación por las consecuencias de la cada vez mayor concentración en el mercado de la distribución y su traducción en una menor oferta de marcas en los establecimientos y en una mayor presión al alza en los precios.
En las alegaciones de la OCU se citan el mencionado Informe de la CNC, un informe anterior del Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia y un reciente estudio publicado por Consumers International, una organización que integra a las principales organizaciones de consumidores de todo el mundo, titulado: “Las relaciones entre proveedores y supermercados: ¿cuáles son las consecuencias para los consumidores?”. Este estudio concluye que el abuso del poder de compra de la distribución se practica de manera habitual en contra de los proveedores y que, tarde o temprano, terminará inevitablemente perjudicando además a los consumidores, en forma de mayores precios y menor variedad y calidad de los productos. Consumers International defiende que “se necesitan de manera urgente medidas eficaces para evitar las prácticas comerciales abusivas y el consiguiente perjuicio tanto para los productores en menor escala como para los consumidores.
Los recursos para subsanar esta situación deben basarse en un principio fundamental de trato justo y deben ser exigibles y vinculantes”.
El anteproyecto de La Ley de mejora de la cadena alimentaria viene a dar respuesta a muchos de los problemas planteados por la CNC y por las organizaciones de consumidores y establece medidas para evitar prácticas comerciales abusivas y desleales. Por ejemplo:
El texto elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente prohíbe la exigencia de pagos comerciales cuando no estén pactados e incluidos por escrito en los contratos, así como las contraprestaciones a las que dan lugar.
El anteproyecto entra también a regular el intercambio de información sensible y establece que no se podrá exigir a otro operador información sobre sus productos más allá de la que resulte justificada en el contexto de su relación comercial. Además, la información obtenida sólo podrá destinarse a los fines para los que fue facilitada, respetándose su confidencialidad. La norma prohíbe el aprovechamiento de la iniciativa empresarial ajena mediante la utilización de envases y presentaciones de marcas o nombres comerciales de otro operador.
En cuanto a la gestión de las marcas, el anteproyecto establece que las empresas de la distribución gestionarán las marcas, tanto las propias como de otros operadores, evitando prácticas contrarias a la libre competencia o que constituyan actos de competencia desleal. También prohíbe las copias desleales de unas marcas por otras.
Otro aspecto destacable del proyecto de Ley que está elaborando el Gobierno es la creación de un Código de Buenas Prácticas al que se sumarían voluntariamente los operadores, pero que sería de obligado cumplimiento para quienes se adhirieran. Se creará además un Observatorio de la Cadena que velará por la correcta aplicación de la Ley.
Desde Promarca hemos apoyado la elaboración de esta ley, que sigue la senda marcada por otros Estados miembros, porque estamos convencidos de que de su correcta aplicación se derivarán indudables beneficios para los consumidores en forma de precios más bajos, si se eliminan los injustificados sobrecostes que suponen los pagos comerciales; mayor variedad, si se atajan las prácticas de gestión discriminatoria de las marcas, y más innovación, si se erradica el uso indebido de información confidencial y la copia de envases y presentaciones.